- La judicialización constante bloquea la cobertura de plazas en la Administración Local vasca, tras años de recursos contra OPE, procesos de estabilización y bolsas temporales
- Solo el 30% de los cerca de 400 puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería están cubiertos, una situación que afecta especialmente a los municipios más pequeños y compromete su funcionamiento ordinario
- Para hacer frente a esta situación, el Gobierno Vasco tiene preparadas unas nuevas bases para la constitución de bolsas temporales con mayores garantías jurídicas, mientras que las Diputaciones están apoyando a los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas municipales
El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y EUDEL en la rueda de prensa ofrecida hoy han presentado las medidas que están impulsando para garantizar la cobertura de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería en la Administración Local vasca, con especial énfasis en la creación de nuevas bolsas temporales con seguridad jurídica. En este contexto, han reclamado respeto al marco competencial vasco en los procesos de selección de este personal funcionario esencial para el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos.
En la actualidad, las administraciones locales de Euskadi se encuentran en una situación complicada en relación con la cobertura de puestos del personal funcionario de Administración Local con habilitación nacional (FHN), figuras imprescindibles para el correcto funcionamiento de los ayuntamientos. Solo alrededor del 30% de los cerca de 400 puestos reservados existentes están ocupados por personal titular, lo que genera importantes dificultades, especialmente en los municipios de menor tamaño.
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, junto a la presidenta de EUDEL y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz; la diputada de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Álava, Laura Pérez; el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Ager Izagirre; y la diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, han reafirmado su compromiso para garantizar el buen funcionamiento de los ayuntamientos ante la creciente dificultad para cubrir los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, que encuentra la raíz del problema en la judicialización constante que bloquea o paraliza sistemáticamente los procesos impulsados para cubrir estas plazas, y no en la inacción de las instituciones vascas.
Como representante de los ayuntamientos vascos, Esther Apraiz, presidenta de Eudel y también alcaldesa de Derio, ha insistido que más de dos tercios de las plazas reservadas en los ayuntamientos vascos para el personal funcionario de Secretaria, Intervención y Tesorería Municipal “carecen de estabilidad estructural”. “Ello tiene consecuencias directas, porque cuando estos puestos no están cubiertos de manera estable, se retrasan los expedientes, las contrataciones, los pagos y las subvenciones. En definitiva, se resiente el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y afecta a la prestación de servicios públicos, el problema lo acaban padeciendo los ciudadanos y ciudadanas”, ha argumentado.
La presidenta de EUDEL ha evidenciado que esta realidad es “especialmente delicada en los municipios pequeños”, que representan el 80% de la administración local, donde “una sola persona, el secretario interventor, asume funciones esenciales como el de garantizar la legalidad” o los puestos han sido ocupados por “administrativos que son funcionarios de carrera, lo que genera una situación bastante ilógica y bastante preocupante para los alcaldes y alcaldesas”.
“Hablamos de una cuestión urgente para los ayuntamientos vascos. Asegurar la estabilidad de estos funcionarios municipales es asegurar la estabilidad también de nuestras instituciones locales. Estas funcionarias y funcionarios municipales son la base que sostiene el servicio público más cercano a la ciudadanía, a las empresas y profesionales, a los colectivos más desfavorecidos. Es el motor que hace posible que podamos prestar un servicio público de máxima calidad, con todas las garantías jurídicas, rigor y transparencia”, ha finalizado la presidenta de EUDEL.
Cronología de la judicialización
Euskadi cuenta con un marco competencial sólido y reconocido para actuar en esta materia, sustentado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, el Estatuto de Gernika, la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y el Real Decreto 128/2018. Además, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se introdujo una disposición que reconocía expresamente a Euskadi todas las facultades previstas en el artículo 92 bis de la LBRL. Aunque dicha disposición fue anulada por el Tribunal Constitucional en abril de 2024 (STC 67/2024), la sentencia no cuestionó el fondo competencial, sino el uso inadecuado de la Ley de Presupuestos como instrumento normativo.
En diciembre de 2024, el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modificó correctamente la LBRL y volvió a reconocer las competencias de Euskadi en esta materia, incluso para procedimientos ya iniciados. Sin embargo, nuevas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la Ley Orgánica 1/2025, admitido a trámite en abril de 2025, han vuelto a prolongar la situación de inseguridad jurídica.
A su vez, todas las ofertas públicas de empleo, procesos de estabilización y bolsas temporales promovidas por las administraciones vascas han sido recurridas por organizaciones de carácter profesional-corporativista, especialmente el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (COSITAL). Estas impugnaciones han dado lugar a suspensiones cautelares, anulaciones judiciales y cuestiones de inconstitucionalidad elevadas al Tribunal Constitucional, generando una prolongada incertidumbre jurídica en la administración local.
Actuaciones de las instituciones de Euskadi
A lo largo de los últimos años, las instituciones vascas, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y ayuntamientos, han actuado de forma continuada y coordinada para sostener la actividad municipal a través de bolsas temporales y se han realizado nombramientos provisionales para evitar que los ayuntamientos quedaran desatendidos.
A su vez, se ha finalizado el proceso de estabilización, con el nombramiento y la asignación de primer destino a 50 personas funcionarias de carrera, lo que permitirá mejorar la cobertura de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería y reforzar el funcionamiento. ordinario de la Administración Local vasca.
A finales de marzo el Gobierno Vasco presentará unas nuevas bases para la constitución de bolsas temporales con mayores garantías jurídicas. Se prevé que los exámenes para elaborar las bolsas se celebren antes de verano y a partir de septiembre se podrán optar a las mismas.
Por su parte, las Diputaciones están apoyando a los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas municipales.
Otra de las actuaciones a medio plazo será la elaboración de un nuevo decreto que clarificará y reforzará las responsabilidades de cada nivel institucional en la gestión del funcionariado de habilitación nacional, con el objetivo de disponer de un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional vasca.
Funcionariado de Administración Local con Habilitación Nacional (FALHN)
Bajo esta denominación se integran los secretarios y secretarias, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales; los interventores e interventoras, responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos; y los tesoreros y tesoreras, que garantizan la liquidez municipal y el correcto desarrollo de los pagos.