- Este martes 26 de enero, la Asociación de Municipios Vascos ha organizado una jornada en Bilbao donde expertos juristas de todo el Estado analizan las nuevas leyes de Procedimiento común y de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- A la jornada han asistido más de 300 personas de ayuntamientos de los tres territorios. En su mayoría alto personal funcionario de secretaría, intervención y jefaturas de servicios municipales.
- En el plazo aproximado de 1 a 2 años, las entidades locales y el resto de administraciones públicas, tendrán que adaptarse a la nueva normativa que prima la administración electrónica, con cero papel, interconectada y transparente, como derecho y obligación.
- La reforma pretende hacer más ágil y accesible las relaciones de ciudadanía y empresas con la administración, mediante la simplificación de procedimientos y trámites más rápidos.
Bilbao, a 26 de enero de 2016. A partir de octubre de este año 2016, de aplicación para todas las administraciones públicas, entra en vigor una nueva normativa en materia de administración electrónica y de simplificación de procedimientos. Ello se deriva de la aprobación simultánea en octubre del año pasado, de las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público.
El objetivo de EUDEL es informar y orientar a los ayuntamientos sobre las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en el plazo de un año con carácter general, y con un margen más amplio de 2 años para aspectos complejos en materia de administración electrónica.
Esta ambiciosa reforma administrativa se basa en dos ejes complementarios: el primero está referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanía y empresas (ley de Procedimiento Ley 39/2015, de 1 de octubre), y el segundo, se refiere al régimen interno de organización y funcionamiento, así como a las relaciones entre Administraciones ( Ley 40/2015, de 1 de octubre.)
Así por ejemplo, la Ley 39/2015 referida al Procedimiento, crea un único procedimiento administrativo común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y prevé un procedimiento “exprés” para supuestos de menor complejidad.
Asimismo, por primera vez se establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Fija la obligatoriedad de la tramitación electrónica para las personas jurídicas, y también para algunas personas físicas.
