El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, para su remisión al Senado, la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se espera que esté definitivamente aprobada antes de enero.
En la ponencia, se acordó dejar claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún caso a la Administración General del Estado o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno.
La norma ha salido adelante con los votos del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo. Nueva Canarias y Geroa Bai se han abstenido en la mayor parte del dictamen.