En la línea de colaboración interinstitucional iniciada en 2013 en materia de desahucios, con la suscripción del Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Vasco y EUDEL sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar para posibilitar medidas de carácter social, se propone iniciar ahora una vía de colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y a solicitud del mismo, para abordar situaciones previas al desahucio de viviendas gestionadas por la sociedad pública Alokabide, encargada del alquiler protegido de vivienda y  dependiente de dicho departamento.

A tales efectos la Comisión Ejecutiva de EUDEL, en sesión celebrada el 19 de enero de 2017, ha acordado dirigirse a los Ayuntamientos solicitando su colaboración, concretamente con la sociedad pública Alokabide, a través de los servicios sociales municipales.

Para la efectividad de dicha colaboración, que se activará únicamente en los supuestos de viviendas del parque público de alquiler del Gobierno Vasco cuyas personas arrendatarias no hayan atendido el pago del alquiler de la misma de forma reiterada y sin causa justificada, o presenten problemas de convivencia o cualquier otro tipo de incumplimiento grave de sus obligaciones en la tenencia y disfrute de una vivienda protegida, desde Alokabide se dirigirán a la Alcaldía del Municipio respectivo, quien determinará la persona responsable del servicio municipal con la que deben contactar al efecto.

A los efectos de que se pueda ofrecer una salida adaptada a las circunstancias de la persona afectada, y a fin de conformar debidamente la decisión última que Alokabide vaya a adoptar, los servicios sociales municipales, desde el conocimiento que dispongan de las circunstancias sociales que puedan confluir en cada supuesto concreto, colaborarán con dicha sociedad pública.

Previamente al inicio del procedimiento judicial que en su caso pudiera derivarse en cada supuesto, Alokabide y la persona o personas afectadas por dicho procedimiento, establecerán contacto con las asociaciones y colectivos sociales contra desahucios radicados en cada municipio a efectos de información y de intento de agotamiento de soluciones que pudieran evitar en su caso una situación de lanzamiento.